¿Siempre nos quedará París?

fotoNuestros compañeros Samuel Martín-Sosa, responsable de Internacional, y Rodrigo Irurzun, coordinador de Energía, analizan en profundidad en este artículo la magnitud del reto al que se enfrenta la COP21, la cumbre del clima que se celebrará en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre, por la tensión entre la negociación de un escenario tendencial y el cambio de paradigma. El artículo es una versión ampliada de uno más breve publicado en el número 142 de la revista Viento Sur. 

Los informes del IPCC representan un trabajo y un consenso colectivo nunca visto en toda la historia de la humanidad. La revisión del contenido de estos informes es exhaustiva, y cada palabra o cada grado de probabilidad expresado sobre cada uno de los hallazgos que muestra, es afinado hasta el extremo. Por ello sus conclusiones cobran una relevancia demoledora. El diagnóstico da lugar a pocas interpretaciones tanto respecto a los efectos del calentamiento como al camino a seguir.

Los efectos son de sobra conocidos: aumento de la temperatura, acidificación de las aguas oceánicas, modificación de las precipitaciones, pérdida de especies animales y vegetales, impactos sobre las cosechas, desplazamientos, aumento de conflictos sociales y bélicos, pérdida de servicios ecosistémicos, ecosistemas únicos en situación de alto riesgo, crecientes episodios meteorológicos extremos, …sufridos con mayor intensidad por los países más pobres y por las capas más pobres de la sociedad en general.

El último informe menciona, aunque de forma tímida, un elemento de preocupación que sigue sin recibir la necesaria atención: los llamados “tipping points”, puntos a partir de los cuales cualquier pequeño cambio en un sistema puede producir desajustes incontrolados con consecuencias totalmente imprevisibles y posiblemente irreversibles. Existen diversos subsistemas del planeta en riesgo de alcanzar dichos puntos, entre los que se encuentran la pérdida de permafrost, la fusión de Groenlandia y el Ártico, la alteración de los monzones, la alteración de la corriente del golfo….este tipo de consideraciones sistémicas deberían conducir a un enfoque precautorio aún mayor si cabe.

El IPCC se limita a reconocer la incertidumbre relativa a cuándo se cruzarán esos umbrales, y a indicar que una mayor temperatura global aumentará la probabilidad de que se crucen. Los políticos suelen hacer una lectura simplista de los informes del IPCC: si mantenemos el aumento de la temperatura global por debajo de una determinada “cifra”, el cambio climático será gestionable. Esta sentencia, instalada en el imaginario colectivo, ignora la incertidumbre que introducen los mencionados “tipping points”.

Eso sin tener en cuenta que la “cifra” considerada como “segura” que goza de mayor aceptación, la que fue refrendada de hecho en la cumbre de Cancún de 2010, es la del aumento de 2ºC por encima de los niveles preindustriales. El informe del IPCC si menciona que existe un número limitado de estudios en los que se plantean escenarios de reducción de emisiones más estrictos, para limitar el incremento de temperatura a 1,5ºC.

El consenso científico sobre la responsabilidad antrópica en el calentamiento global es aplastante. El camino a seguir es por tanto claro y diáfano: la reducción de emisiones que necesitamos abordar es drástica.

Sin embargo las emisiones no han parado de crecer a nivel mundial. En 2014 se emitieron 37 gigatoneladas de CO2 , casi una más que el año anterior, dos más que dos años antes, etc…es decir, en la última década venimos poniendo cada año, grosso modo, una gigatonelada más en la atmósfera que el año anterior. En la última década el ritmo de incremento global de emisiones fue de 2,11ppm/año.

Esto nos sitúa frente a la magnitud del reto al que se enfrenta la comunidad internacional. Un objetivo global más estricto como el mencionado de 1,5ºC, que reduciría muy probablemente la amenaza de los mencionados “tipping points”, supondrían estabilizar la concentración de GEI en 350 ppm a finales de siglo. Esos escenarios, que no se detallan en el informe del IPCC, son sin embargo los deseables. Mientras tanto, 2015 va camino de ser el primer año con una media superior a las 400ppm.

Parece claro que una negociación seria y coherente con el principio de precaución debería conducir a acordar un objetivo de 1,5ºC, algo que no ocurrirá en París.

Para lograr el objetivo de los 2ºC las emisiones tendrían que reducirse entre un 40% y un 70% para 2050, y tener un balance neutro en carbono para finales de siglo. Si el objetivo es limitar la temperatura a 1,5ºC el nivel de reducción de emisiones para 2050 debería ser entre el 70% y el 95%, según el informe del IPCC (ver Tabla 1). Hay estudios que apuntan a que el mundo debería “descarbonizarse” (balance neutro de carbono) entre 2045 y 2060.

Tabla 1

Escenario IPCC Concentración de GEI Incremento probable de temperatura Reducción de emisiones en 2050 * Reducción de emisiones en 2010 *
RPC2.6 450 (430-480) 2ºC 41%-72% 78%-118%
No existe 350 1,5ºC 70%-95% 110%-120%

El factor tiempo: la urgencia

Un asunto que los líderes políticos suelen soslayar en las cumbres de Cambio climático es que todos los Gases de Efecto Invernadero (GEI) que liberemos a la atmósfera tendrán en algún momento un efecto en el aumento de temperatura. Este aumento, con un cierto margen de error, se puede cuantificar. Por eso lo realmente importante en las negociaciones climáticas, más allá de grandes objetivos de reducción a alcanzar en determinada fecha, son las emisiones acumuladas, es decir la reducción no para un determinado año, sino en un periodo de años establecido.

No es lo mismo decir que en 2050 las emisiones serán un 95% inferiores a las emisiones de 1990, que proponer reducir un 95% las emisiones en el periodo 2015-2050 respecto a 1990. Para llegar al primer objetivo, los países serían muy libres de seguir aumentando las emisiones durante un buen número de años con tal de que por ejemplo el año anterior al año objetivo (aunque este escenario no sea realista), se consiga toda la reducción de golpe. Pero durante todos esos años anteriores hasta el momento en que se ha hecho la reducción, se habrá estado poniendo CO2 en la atmósfera y ese CO2 emitido “cuenta” para aumentar la temperatura.

Sin embargo proponer una reducción (respecto a 1990) de las emisiones de todo un periodo tomándolas en su conjunto conduce a esfuerzos mucho más significativos, que comprometen desde el principio y de forma continuada, a la vez que evitan la tentación de dejar para los últimos años la cabeza del león de la reducción de emisiones.

Recientemente el G7 hacía un pomposo llamamiento a acabar el siglo XXI con cero emisiones. Los negociadores parecen dispuestos a hablar de importantes reducciones de emisiones en fechas más bien lejanas (que caen dentro de unos cuantos periodos electorales ) pero son reticentes a marcar una fecha a partir de la cual las emisiones deben empezar a declinar. Y el que las emisiones empiecen a decrecer en un momento o en otro va a determinar el ritmo de reducción necesario para llegar a los objetivos finales (ya sean 2 ºC o 1,5ºC).

O dicho de otro modo, tan relevante es el tamaño del pico (el nivel máximo que alcancen las emisiones) y cuando tiene lugar, como lo que pase después. Al ritmo de crecimiento anual de emisiones y esperamos por ejemplo hasta la próxima década para comenzar la reducción, acabaremos teniendo a final de siglo un incremento de unos 2,5ºC, y eso con un muy exigente y costoso ritmo de decrecimiento de emisiones a partir de entonces de un 2,4% anual, nada fácil de conseguir.

Es necesario por tanto poner sobre la mesa de negociación la urgencia de comenzar a reducir las emisiones cuanto antes, de forma que el ritmo de reducción sea realista, y teniendo en cuenta las limitaciones existentes y la dificultad que supone transformar un sistema productivo de gran inercia.   Dado lo exigente de las necesarias reducciones de emisiones de las que nos habla la ciencia y el hecho de que posponer el momento en que las emisiones hagan pico nos obligará a ritmos anuales de disminución de emisiones que pueden ser imposibles de cumplir por no ser realistas, la comunidad internacional está moralmente obligada a acordar en la cumbre de París una fecha inminente para comenzar la reducción. El IPCC sugiere que las emisiones deberían hacer pico antes de 2020, es decir, en apenas cinco años.

Un concepto “economicista” y muy fácil de entender para visualizar esta urgencia es el del presupuesto de carbono. Nos hemos gastado la mayor parte del presupuesto de emisiones que teníamos para mantenernos por debajo de un aumento de 2ºC. Los climatólogos del IPCC cifraron en otoño de 2013 esa cantidad en torno a 1000 GtCO2. Si continuamos emitiendo al ritmo actual, el presupuesto se habrá agotado totalmente hacia año 2036. Dicho de otro modo, si no hacemos nada, esta vendría ser la fecha de nuestro “sucidio climático”.

En conclusión, la cumbre de París se celebra en un momento histórico cuasi agónico en el que necesitamos a nivel global una reducción drástica de emisiones, que comience de forma inminente, que se produzca a buen ritmo, y que sea coherente con un objetivo climático de al menos 1,5ºC de aumento máximo de temperatura a final de siglo respecto a los niveles preindustriales.

¿Se producirá semejante acuerdo en Paris?

Existe un verbo muy usado en inglés que describe muy bien lo que llevan haciendo los países con la crisis climática en las sucesivas cumbres: “to procrastinate”.  En castellano también existe, aunque se usa poco: procrastinar. Viene a significar “dilatar”, “aplazar”, “postergar”…aunque una traducción castiza más acertada sería marear la perdiz. Las razones para esa postergación son claras: los cambios que se necesitan cuestionan la hegemonía dominante. Los grandes grupos de poder están dispuestos a hablar de cambio climático mientras este pueda ser presentado como una oportunidad de negocio, dentro de la lógica del mercado (mercados de carbono, beneficios de aseguradoras frente a catástrofes, mercados de derivados del clima, nuevos cultivos climáticamente inteligentes, soluciones de final de tubería, biocombustibles, soluciones de geoingeniería,…). Pero la contundente y seria planificación política que requeriría afrontar una crisis mundial del alcance que tiene la actual crisis climática, se sitúa totalmente fuera de esas fronteras.

Un plan de emergencia a la altura de las circunstancias requiere un acuerdo global para dejar de extraer combustibles fósiles. Para lograr limitar el incremento de temperatura a 2ºC, deben quedarse en el subsuelo entre las dos terceras partes y las cuatro quintas partes. Un estudio reciente señala que la proporción sería un tercio de las reservas de petróleo, la mitad de las de gas, y el 80% de las de carbón, las que deberían permanecer bajo tierra.

¿Cómo es posible que en 23 años de negociaciones climáticas no se haya tomado ni una sola medida para limitar la extracción?

La respuesta es que esta medida choca frontalmente con la mencionada hegemonía económica: estas reservas suponen varios billones de dólares en las cuentas de las compañías energéticas, pero también en las balanzas comerciales de los países exportadores, que basan su actividad económica en la venta de combustibles fósiles.

Todo lo que se extrae, se acaba quemando. Pero en lugar de poner límites a la extracción, los países siguen haciendo exactamente lo contrario. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que en 2015 los subsidios a la industria fósil serán de 5,3 billones de dólares a nivel global, una cantidad mayor que el gasto sanitario en todo el mundo para este mismo año.

Los países ricos y las nuevas economías emergentes continúan extrayendo a todo tren las reservas convencionales. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe especial de 2015 “Energy and Climate Change” alertaba del necesario cierre paulatino de las centrales de carbón menos eficientes a la par que proponía directamente prohibir la construcción de nuevas plantas. Sin embargo, el consumo de carbón está en máximos históricos, con China, India, EEUU, Japón, Rusia, Alemania o Australia consumiendo cantidades ingentes. De igual modo, el consumo de petróleo y gas, sigue aumentando, y el porcentaje de renovables en el mix mundial de consumo de energía primaria sigue siendo una franja muy minoritaria.

Además, ante el agotamiento de los combustibles fósiles convencionales, la industria, alentada por la mayoría de gobiernos, se ha lanzado sin freno a la búsqueda de combustibles fósiles no convencionales: perforaciones en el Ártico, explotaciones en aguas profundas y ultra-profundas en las costas de Brasil, arenas bituminosas en Canadá, petróleo y gas de esquisto o en veta de carbón, extraído mediante fracking en Argentina, Australia y sobre todo en EEUU, donde ya se especula con un aumento masivo de exportaciones de Gas Natural Licuado a China o Europa,… combustibles que por lo general son más difíciles y caros de extraer, tienen un peor comportamiento energético y climático, y dejan una hipoteca ambiental mayor. El plazo de recuperación de muchas de las millonarias inversiones que la industria está haciendo en estos nuevos yacimientos es de varias décadas, por lo tanto lo esperable desde el punto de vista puramente económico es que estos proyectos estén en funcionamiento durante muchos años, lo que supone justamente un torpedo en la línea de flotación de esas reducciones drásticas y urgentes que necesitamos.

Esta apuesta por la “nueva” era fósil, está siendo impulsada por los mismos líderes mundiales que tendrían que tomar en París esos acuerdos drásticos que mencionábamos. Por eso, cuando asistimos estos días al festival del “a ver quién da más” de los compromisos previos a la cumbre por parte de los diferentes países, vemos que, aunque los grandes ausentes hasta ahora se empiezan a sumar al compromiso, sus ofertas ni son suficientes para responder al reto al que nos enfrentamos, ni en muchos casos creíbles, en tanto en cuanto no plantean medidas serias que planten cara a la industria fósil. Así, cuando EEUU ofrece una reducción del 28% de las emisiones para 2025, o China promete reducir la intensidad de carbono de su PIB en un 60-65% en 2030, lo hacen tomando como referencia los niveles de 2005 y no los de 1990, el año de referencia de Kyoto, que implicaría reducciones mucho más drásticas. China, el mayor emisor mundial, ha anunciado asimismo que sus emisiones harán pico en 2030, bastante más tarde de lo que, como hemos visto, probablemente se necesita.

Medidas en definitiva insuficientes si tenemos en cuenta que entre EEUU y China suman el 45% de las emisiones mundiales. EEUU, por ejemplo, tiene aún unas emisiones per cápita de 18,5 toneladas de CO2-eq al año, más del doble de las de China y casi el triple que la media mundial (datos de 2012). Además, las cuentas sobre las emisiones cambian totalmente si tenemos en cuenta la responsabilidad que tiene el consumo sobre ellas, por ejemplo, siendo China y el sudeste asiático la fábrica del resto de países, que se nutren de sus productos de bajo coste y alto precio social y medioambiental. La AIE ya ha avisado que con los compromisos que hay sobre la mesa, no llega ni de lejos para cumplir el objetivo de 2ºC.

No hay mercado global que aguante el reto, por lo que todo apunta a que el acuerdo de París, seguirá la misma lógica dominante hasta ahora. Parece claro que los mecanismos de mercado estarán presentes, dando la posibilidad de compra de derechos de emisión, lo que contribuirá a mantener el statu quo. Las reducciones conseguidas en los últimos años en las economías ricas se han debido principalmente a la crisis económica y al uso de mecanismos de flexibilidad. La urgencia de obtener un acuerdo, la previsible falta de resultados ante lo farragoso de negociar con intereses muy distintos, y la clara asimetría de poder, jugarán a favor de la tentación de buscar atajos como el de Copenhague; acuerdos negociados entre un club de selectos (incluyendo a China y EEUU) mientras la mayoría del resto de líderes mundiales espera en el pasillo. Acuerdos que indudablemente no observaran los intereses de actores sin ese poder. No habrá por tanto una óptica de justicia climática, que reconozca la ingente deuda de carbono que las economías ricas tienen con los países de la periferia, y previsiblemente se impondrán las mismas falsas soluciones que tanto han perjudicado a los países del Sur. Los países ricos tienen además la obligación moral de financiar la adaptación en aquellos países más vulnerables que no han creado el problema, y de hacerlo a través de mecanismos que no acaben promoviendo proyectos que generen más cambio climático y más pobreza.

Previsiblemente la tentación de mirar hacia la geoingeniería será cada vez mayor, creando la expectativa de posibilidades tecnológicas que ofrezcan la excusa perfecta para seguir emitiendo un CO2 del que no tendremos que preocuparnos porque será posteriormente capturado, o de futuristas planes de manejo de la radiación solar para cuando ya el planeta esté sobrecalentado sin remedio.

La reacción social, única esperanza

Frente a este panorama de inacción e inercia, es la sociedad quien tiene un mayor potencial de provocar los cambios necesarios y la que está ya tomando conciencia de que los líderes mundiales no van a resolver este problema. El enorme poder e influencia del que gozan las grandes corporaciones solo puede ser contrarrestado por una catarsis social que aún no se ha producido. Recientemente el Director de Shell afirmaba que los detractores de los combustibles fósiles “ignoran la realidad”. La sociedad debe tomar conciencia de que desgraciadamente son personas como él quienes en buena medida están marcando la pauta del futuro energético. Esta misma compañía, que pugna por perforar en el Ártico, reconocía en un documento interno que con los planes que tienen sobre la mesa la temperatura del planeta probablemente aumente 4ºC. Se podría decir que la industria fósil practica una suerte de deliberado “terrorismo climático”.

La sociedad está empezando a diferenciar mejor entre lo que le interesa a la industria del gas y el petróleo y lo que nos interesa a todos como sociedad, y a constatar que son cosas claramente distintas. Cerca de trescientas mil personas se manifestaron en Nueva York en Septiembre de 2014, en una movilización sin precedentes para pedir a los gobiernos que actúen contra el calentamiento global. Vivir en directo los efectos de los fenómenos extremos provocados por el cambio climático, como los del huracán Sandy en 2012, probablemente explican en buena medida lo masivo de esta movilización. Pero lo relevante es que la ciudadanía comienza a visibilizar de forma clara la relación entre estos efectos y los proyectos energéticos que le afecta directamente en su territorio. Así, esta gran protesta se alimentó en parte de las luchas ciudadanas contra proyectos como el oleoducto Keystone XL, pero también del movimiento contra el fracking, muy extendido por diversos lugares de EEUU. Así la oposición al fracking por todo el mundo se ha convertido en un claro exponente de las reivindicaciones climáticas obligando a gobiernos a establecer diversas prohibiciones y moratorias que difícilmente hubieran visto la luz sin la presión popular.

La ciudadanía parece estar reaccionando y da muestras también de querer organizarse al margen de los gobiernos y participar directamente en la gestión de las decisiones energéticas, como lo demuestra el surgimiento de cooperativas de consumo de energía verde, o la oleada de ciudades y pueblos en algunos países (y muy en especial en Alemania) cuyos ciudadanos han votado a favor de retomar el control de la distribución de la energía en los casos en que estos servicios estaban en manos de compañías privadas.

Han sido también los ciudadanos quienes han provocado en Holanda la primera sentencia judicial que obliga a un gobierno a revisar al alza sus objetivos climáticosTambién una presión desde abajo puede mover a bancos, fondos, empresas e instituciones a desinvertir en combustibles fósiles, algo que empieza a ocurrir ya aunque de forma tímida.

El Estado español

Si la situación internacional no pinta bien, en el caso del gobierno español parece directamente como si esto de los acuerdos climáticos no fuera con ellos. El Protocolo de Kioto marcaba objetivos de reducción en un margen estrecho de tiempo (2008-2012), de modo que aunque el estado español emitió mucho más de lo deseable a lo largo de la década anterior, sin embargo el cómputo de esos 5 años, por efecto de la crisis económica, le benefició a la hora de contabilizar las emisiones acordadas. A pesar de ellos tuvo que gastarse más de 800 millones de euros para poder cumplir al no haber hecho apenas esfuerzos reales de reducción.

Los sucesivos gobiernos han aprobado progresivamente leyes cada vez más lesivas para el desarrollo de las renovables, con el único objetivo de defender los intereses del oligopolio eléctrico. Asímismo se intentan impulsar normas que impiden el desarrollo del autoconsumo, algo que va contra toda lógica en el actual marco de crisis climática. Mientras que en otros países del entorno, la presión de la ciudadanía a favor de un modelo energético diferente contribuye a alumbrar leyes de transición a las renovables como la Energiewende en Alemania o la Ley de Transición Energética francesa, el estado español aprueba normas para impulsar el fracking o las prospecciones petrolíferas.

Sin embargo también en el Estado español existe un caldo de cultivo para la reacción ciudadana, como lo demuestra la gran oposición exhibida contras las petroleras en Canarias y el Mediterráneo, las protestas ante la llegada de arenas bituminosas a Muskiz y Cartagena, las numerosas coaliciones contra el fracking, o el esperanzador surgimiento de diversas Plataformas por un Nuevo Modelo Energético.

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